Este criterio de la PRODECON es importante

49/2013/CTN/CS-SASEN (Aprobado 12va. Sesión Ordinaria 6/12/2013)
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS AUTORIDADES NO PUEDEN TENERLAS POR DESISTIDAS ADUCIENDO INEXISTENCIA DE OPERACIONES, SIN EJERCER FACULTADES DE COMPROBACIÓN.
El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, prevé en su sexto párrafo, únicamente un supuesto en el cual la autoridad, válidamente, puede tener al promovente por desistido del trámite de devolución, consistente en que habiéndosele requerido -en un plazo no mayor a veinte días posteriores a la presentación de la solicitud- los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma, y habiéndosele apercibido en el sentido que de no cumplir dentro de un plazo de veinte días se le tendrá por desistido, el promovente sea omiso en proporcionar aquello que le fue solicitado, lo que acarrea la consecuencia de que se haga efectivo el apercibimiento apuntado. Por tanto, si la autoridad estima que con los documentos y datos requeridos al promovente no se comprueba la existencia de operaciones con un tercero, no puede tener por desistida la solicitud, ya que ello carece de sustento legal, independientemente de que para llegar a tal conclusión la autoridad debería ejercer sus facultades de comprobación, que son las únicas adecuadas para verificar la veracidad de las operaciones con un tercero.

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Sanciones a contadores públicos

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. PARA QUE INICIEN SU VIGENCIA, DEBEN PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA AUTORIDAD FISCAL LOS TOMA COMO BASE PARA SANCIONAR A UN CONTADOR PÚBLICO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
Uno de los elementos del derecho humano a la seguridad jurídica es el de la publicidad de las normas generales o de la prohibición de su secrecía. Éste tiene vital importancia, pues la publicación en un medio de difusión oficial, es la única manera de asegurarse de que los destinatarios de las normas generales tengan conocimiento de ellas y sepan con certeza las sanciones que se les pueden imponer en caso de incumplimiento. Ahora, el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2011, establecía que cuando el contador público autorizado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en dicho precepto, es decir, a lo relativo a la emisión de dictámenes de estados financieros, o no aplique las normas y procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, lo exhortará, amonestará o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme al reglamento de ese ordenamiento. Por su parte, el numeral 7o. del código citado, prevé que las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior. En estas condiciones, si bien las normas y procedimientos de auditoría no son leyes fiscales, reglamentos ni disposiciones administrativas, pues el Código Fiscal de la Federación no las delega al Ejecutivo Federal, es decir, no son emitidas por una autoridad, sino por un ente particular, lo cierto es que son conceptos técnicos obligatorios para los contadores públicos que emiten dictámenes de estados financieros en términos del artículo 52 citado, que regulan su capacidad, independencia e imparcialidad en el trabajo que desempeñan y la información resultante de él, en la medida en que la autoridad fiscal, con base en el incumplimiento de dichas normas y procedimientos de auditoría, sanciona a los contadores, de acuerdo con el propio código y su reglamento. Por tanto, en respeto al derecho humano a la seguridad jurídica, así como al principio de publicidad de las normas generales o prohibición de las normas secretas, si la autoridad fiscal toma las normas y procedimientos de auditoría como base para sancionar en caso de su incumplimiento, deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que inicien su vigencia, en términos del artículo 7o. aludido, pues sólo así, los contadores públicos tendrán conocimiento y certeza de su existencia y de sus obligaciones derivadas de aquéllos e, incluso, sabrán a qué sanción se harán acreedores si los incumplen.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 184/2017. Antonio Genaro Garmilla Belmar. 22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Jorge Arturo Acosta Argüelles.

Época: Décima Época Registro: 2015201 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.9o.A.99 A (10a.)

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Las outsourcing en la mira

Los secretarios del Trabajo de todas las entidades federativas del País acordaron estrechar la cooperación e implementar estrategias conjuntas para enfrentar la práctica del “outsourcing” o subcontratación que no respete la legislación laboral.

Al hablar en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), el Subsecretario del Trabajo del Gobierno Federal, Rafael Avante Juárez, informó la decisión de las autoridades laborales de todo el País de combatir el “outsorucing malo”, que es aquel que se realiza con el fin de evadir las responsabilidades fiscales y laborales de los patrones afectando los derechos de los trabajadores, en especial las prestaciones de seguridad social.

Al momento de detectar estas prácticas y una vez que los trabajadores tengan reconocidos sus derechos, las autoridades laborales los acompañarán para que ejerciten los mismos, dijo el funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal.

Durante su intervención, señaló que los Secretarios del Trabajo coincidieron en la importancia de tutelar los derechos de los trabajadores frente a las prácticas que buscan menoscabar o desconocer su relación de trabajo, afectar sus prestaciones y disminuir sus ingresos, así como evadir o diluir responsabilidades en materia de seguridad social mediante la utilización de esquemas de tercerización u “outsourcing”.

“Por lo tanto, hemos acordado trabajar coordinadamente mediante el intercambio de información y la realización de inspecciones, así como la implementación de estrategias de defensa y asesoría jurídica a los trabajadores, a efecto de identificar, inhibir, contrarrestar y sancionar este tipo de conductas que son contrarias a la ley y al trabajo decente”, aseveró.

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Una nueva forma de pago

Considero que para muchos de nuestros lectores es conocida la forma de llevar a cabo operaciones a través de personas o empresas que recolectar el precio de la venta del bien o servicio, pero ese importe después es transferido al sujeto que enajena el bien o presta el servicio menos una comisión, y un ejemplo muy común son las agencias de viaje.
La cuestión aquí es que el comprobante sale a nombre de la empresa y el cobro lo hace otra persona, por lo que es muy normal que el comprobante o incluso su complemento de pagos, tengan la clave de la forma de pago utilizada por el tercero; ya que el recurso para pagar sale directamente de sus cuentas bancarias o tarjetas.
Sin embargo, la autoridad que quiere estar en todo y controlarlo todo desde el CFDI, publicó una nueva regla 2.7.1.42 en la cuarta modificación miscelánea para indicar que: en relación con lo señalado en las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35.; en aquellos casos en los cuales los contribuyentes realicen el pago de las contraprestaciones utilizando para ello los servicios de terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de dichos pagos y estos terceros no le informen al emisor del CFDI la forma en que recibió el pago, éste podrá señalar en los mismos como forma de pago “Intermediario pagos”, conforme al catálogo de formas de pago señalado en el Anexo 20.
En el papel suena bien pero en la práctica puede resultar hasta confuso y difícil de compulsar para el emisor del CFDI, ya que tendría que controlar a través de una cuanta contable los COBROS POR CUENTA DE TERCEROS que recibe de una cuenta en específico pero que al final del día se recibieron por cuenta del tercero en múltiples formas. Al final la empresa generadora del CFDI solo recibe una transferencia o un cheque nominativo, por dichos pagos y de paso por sus servicios, por lo que aquí es importante resaltar, que independientemente de que debe recabar la cobranza por encomienda de otro, los terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de pagos, a que se refiere el primer párrafo de esta regla, también deberán expedir el CFDI correspondiente por el costo, cargo o comisión que cobren por sus propios servicios de recepción de estos pagos.
Hay que tener cuidado con este tipo de gestiones porque por lo general existe un convenio para que otra empresa o persona pueda recibir cobros por cuenta de otra, pero por lo general es complicado llevar un control detallado de la forma utilizada para cada cobro recibido, ya que generalmente se tratan de operaciones muy similares en precio, y además dichas operaciones pueden tener ajustes o cancelaciones que el tercero ajusta hasta el momento de enviarle su dinero a la empresa que genera la operación y el CFDI.
Los CFDI en donde se señale como forma de pago “Intermediario pagos”, se considerarán para efectos de los artículos 27, fracción III y 147, fracción IV, de la Ley del ISR, como pagados en efectivo, lo que implica que tendrán un efecto fiscal desde que se genera el pago hacia el tercero, ya que hay un convenio que indica la posibilidad de que otro cobre la operación, aunque la transferencia de recursos no se realice de forma inmediata.

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Es inconstitucional el bloque de cuentas bancarias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenar el bloqueo de cuentas bancarias de usuarios por presuntas actividades ilícitas.

El asunto se originó cuando a la empresa quejosa se le incluyó en la lista de personas bloqueadas por la SHCP para realizar operaciones o servicios bancarios. La empresa quejosa interpuso un amparo ante el juez de distrito contra dicha medida, sin embargo, el juzgado no fallo en su favor. Por lo tanto el asunto llego a la Primera Sala de la SCJN a través un recurso de revisión, donde se declaró que dicha normativa sí resulta inconstitucional. Consecuentemente, se modificó la resolución y se concedió el amparo a la quejosa en contra de dicha norma general.

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Plazo para amortizar las pérdidas fiscales

PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTARSE EL PLAZO PARA DISMINUIRLAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
El momento a partir del cual debe computarse el plazo de 10 ejercicios fiscales para poder disminuir las pérdidas fiscales debe ser a partir del ejercicio siguiente al en que se genere la pérdida fiscal, sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales siguientes a ello, porque el solo hecho de que exista el plazo referido, implica el reconocimiento de que, dada la naturaleza del hecho imponible del impuesto sobre la renta -obtención de utilidad fiscal- previsto en la ley, existe una serie de vicisitudes fácticas y económicas que conllevan a que en la mayoría de los casos, al desarrollar cualquiera de esas actividades que deberían generar ingresos acumulables éstos no se generen, por lo que debe reconocerse que existe un periodo que podría denominarse preoperativo de una empresa, en el cual -por regla general- no se obtiene utilidad fiscal, sino por el contrario, se originan pérdidas fiscales. Consciente de esa situación -periodo preoperativo-, el legislador previó que esas mermas fiscales pudieran disminuirse de la utilidad fiscal, lo cual debe realizarse en el plazo de 10 ejercicios posteriores a su generación. La razón de esa limitante temporal radica en que el principio de proporcionalidad tributaria no es absoluto, sino que es dable restringirlo conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el otorgamiento del derecho a disminuir las pérdidas fiscales de la utilidad en el plazo de 10 ejercicios hasta agotarlas y, en caso de no ejercerlo estando en posibilidad de hacerlo, se perderá por el contribuyente, resulta ser idóneo para apreciar la capacidad contributiva que se somete a imposición. Ciertamente, porque atento al principio ontológico de la prueba, consistente en que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se presume que cualquier empresa al empezar a operar comercialmente lo hace partiendo de que en algún momento generará utilidad fiscal, de manera que ésta es la regla general, y sólo por excepción al actualizarse situaciones contingentes, la empresa operará con pérdidas fiscales. De esa forma, el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al prever el plazo de 10 ejercicios para poder aplicarse el derecho a disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de la utilidad fiscal, hasta agotar el monto de aquéllas, que debe computarse a partir del ejercicio siguiente al en que se genere la pérdida fiscal, pero sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales, respeta el principio de proporcionalidad tributaria.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Época: Décima Época Registro: 2015158 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 2a. CXXXIII/2017 (10a.)

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Delimitación de las unidades administrativas del SAT

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer hoy (17 de octubre) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se abroga el Acuerdo de delimitación territorial de las unidades administrativas desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria y su Anexo.

Al respecto, se abroga el Acuerdo de Delimitación Territorial de las unidades administrativas desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria y su Anexo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2015.”

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Si tienen un tiempo no olviden este aviso

Se actualizó la redacción de la regla 2.8.1.19 y considero que no está de más presentar el aviso a que hace referencia, aunque se trate de contribuyentes de RIF:

Para efectos del artículo 28, fracciones III y IV del CFF, los contribuyentes personas físicas que opten por utilizar la herramienta electrónica de “Mis cuentas”, conforme a las reglas 2.8.1.5. y 2.8.1.20., para estar exceptuados de llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica a través del Portal del SAT, en términos de las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7., deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración en el Portal del SAT.

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Ya vamos con la Quinta Modificación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su página de Internet otra vez, el proyecto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 1-A que contempla:
1.Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para recibir donativos deducibles.
2.Publicación de directorios de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, revocados y no renovados.
3.Información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación.
4.Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, publicado en el DOF el 2 de octubre de 2017.

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Lo que contiene la cuarta modificación

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día 10 de octubre a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 que contempla:
1.Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción.
2.Días inhábiles.
3.Verificación y autenticación de los certificados de e.firma.
4.Certificados productivos.
5.Saldos a favor del ISR de personas físicas.
6.Formato de solicitud de devolución.
7.Concepto de unidad de medida a utilizar en los CFDI.
8.Forma de pago usando gestores de pagos.
9.Obligaciones y requisitos de los proveedores de certificación de CFDI.
10.Amonestaciones a los proveedores de certificación de CFDI.
11.Opción para utilizar “Mis cuentas”.
12.Acreditamiento del monto proporcional del ISR pagado en México por la distribución de dividendos de residentes en el extranjero.
13.Cumplimiento de la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio.
14.De los Proveedores de Servicio Autorizado y Órganos Verificadores.
15.Adición al esquema del Proveedor de Servicio Autorizado para cumplir con el artículo 20, fracción II de la Ley del IEPS.
16.Causas de revocación de la autorización para operar como centro de destrucción autorizado.

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