Por sí te cuestionabas la legalidad de las retenciones de IVA

VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN DE RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2005, ES CONSTITUCIONAL.
Conforme al citado precepto, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Ahora bien, el legislador, al diseñar el supuesto normativo de retención, previó la imposibilidad material que existe para obligar al residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país al pago del impuesto al valor agregado, por lo que creó la porción legal en cita con el efecto de poner en el lugar de dicho extranjero -que es sujeto de la obligación tributaria de pago- al retenedor, para el cumplimiento efectivo de la respectiva obligación. De ahí que tal diseño normativo no conculca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la obligación de cerciorarse si el extranjero tiene o no establecimiento permanente en el país, es independiente de que el retenedor tenga o no la capacidad jurídica y el interés por hacerlo, dado que la porción legal es imperativa y no de cumplimiento voluntario. Aunado a que es innecesario que para analizar la obligación de retención primero se tenga que verificar si se realizó o no el hecho imponible por el cual se retiene.

Amparo en revisión 674/2012. Electrodos Infra, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Registro No. 2003439 Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013 Página: 979 Tesis: 1a. CXXI/2013 (10a.) Tesis Aislada

Las erogaciones mayores a 2,000 no se deben pagar en efectivo

RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2004, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, SI PLANTEAN UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE EROGACIONES EFECTUADAS POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere al derecho de todos los contribuyentes de un mismo impuesto ubicados en un mismo supuesto de causación, de guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, a fin de evitar cualquier trato discriminatorio ante situaciones análogas. Ahora bien, atento a los alcances de ese principio, son inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad que plantean que el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2004 prevé un trato inequitativo entre las erogaciones mayores a $2000.00 pagadas mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado, y las cubiertas a través de otra forma de liquidarlas como sería, por ejemplo, la dación en pago, en función de que unas sean deducibles y otras no, sin que exista alguna razón válida que lo justifique, en virtud de que el trato inequitativo planteado se funda en una distinción entre las erogaciones efectuadas por un mismo sujeto, en tanto que, conforme al indicado principio, deben evitarse distinciones injustificadas entre contribuyentes.

Amparo directo en revisión 154/2013. Inmobiliaria Caleti, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2013. Cinco votos; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Si solo tienes ingresos por intereses no renuncies a tu saldo a favor

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo por unanimidad de votos en favor de contribuyentes representados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), ya que consideró que el artículo 160, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, viola sus derechos constitucionales de proporcionalidad y equidad.

La Corte sostiene que el impuesto pagado por pequeños ahorradores que únicamente obtienen ingresos anuales por intereses inferiores a cien mil pesos, resulta desproporcional a su realidad económica, porque no toma en cuenta los efectos de la inflación ni les concede el beneficio de acreditar sus retenciones y efectuar deducciones autorizadas. También consideró que resulta inequitativo que aquéllos que obtienen al año, ingresos superiores a 100 mil pesos por concepto de intereses sí tengan derecho a los anteriores beneficios.

De esta manera, Prodecon convoca a todos aquellos que se sientan afectados en sus derechos como pagadores de impuestos a que acudan a sus oficinas centrales y delegaciones regionales. Coordinación de Comunicación Social
Teléfono 01 (55) 12 05 90 00 ext. 1141,1041 y 1145 manuel.arteaga@prodecon.gob.mx; carmen.gallardo@prodecon.gob.mx

Pero lo más importante: DI NO a la opción del artículo 1.16 del Decreto del 30 de marzo de 2012, que indica que las personas físicas que obtengan ingresos por intereses dentro del ejercicio fiscal de 2012, podrán optar por no acumular los intereses, siempre que consideren como pago definitivo el monto de la retención que les efectúen, ya que con ello renuncian expresamente al acreditamiento que, en su caso, resulte del impuesto sobre la renta que les hubieran retenido las personas que les hubieran hecho el pago de dichos intereses, y obviamente también renunciarían a recuperar el saldo a favor generado por esta acumulación.

Jurisprudencia sobre el crédito del Art. 11 de la Ley del IETU

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN SU ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El referido precepto legal prevé́ que para los efectos del artículo 11, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere este artículo no podrá́ acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó́ el crédito. Lo anterior derivó de lo establecido por el Ejecutivo Federal al presentar la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, dado que si bien es cierto que el crédito por base negativa del impuesto empresarial a tasa única se configuraba como una medida promocional de la inversión, también lo es que con su instrumentación se permitía disminuir el impuesto sobre la renta en una cantidad que no es consistente con los montos de inversión que se efectuaron, motivo por el cual se consideró́ pertinente eliminar tal beneficio únicamente en lo que hace al acreditamiento contra el impuesto sobre la renta. Así́, en relación con los mecanismos de beneficio como el aludido, no puede pensarse que su otorgamiento obedezca a una exigencia constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que, en realidad, su establecimiento se da con una intención promocional, en términos de la Constitución General de la República. Por el contrario, el otorgamiento de este tipo de beneficios, cuando se instrumenta a través de un crédito, se traduce en una auténtica merma en la expectativa estatal de recaudación, como lo indica la referencia que se ha realizado en torno a estos conceptos como “gastos fiscales”. En tal virtud, el crédito al que se refiere el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, afectado en su procedencia por el artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, no se rige por el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la prohibición establecida en el mencionado artículo 22 no puede constituir una violación a tal principio.

Qué esperar ahora que de declaró inconstitucional el embargo de cuentas bancarias

Para varios ha resultado ser una pesadilla esta “atribución” de las autoridades, porque de pronto a la más mínima provocación, te enteras que ha sido congelada tu cuenta, te tienen agarrado de lo más esencial.

En teoría los aseguramientos precautorios deberían hacerse contra los bienes de aquellos contribuyentes que impidan físicamente la realización de una visita, auditoría u operativo de carácter fiscal. Si el Código Fiscal prevé medidas de apremio para sancionar la rebeldía ante la autoridad, lo lógico sería que la autoridad definiera con exactitud, lo que considera un acto rebelde, o incluso que hubiera un juez que lo ordenara después del análisis de la situación del contribuyente. Sin embargo, no hemos enfrentado a actos que llegan a caer en los extremos, por citar un ejemplo: la PRODECON (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente) solicitó al Administrador Local de Auditoria Fiscal de Saltillo, del SAT que levantara un embargo a las cuentas de un contribuyente, alegando que no puede considerarse que un contribuyente sujeto a una visita obstaculice el desarrollo de las facultades de comprobación por ausentarse dos días de su domicilio al momento de la notificación del cierre del acta.

Este tipo de prácticas han sido usadas de una manera indiscriminada, lo mismo por el SAT, que el IMSS, INFONAVIT y hasta autoridades estatales. Por esta razón la PRODECON se congratuló por el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que declara inconstitucional el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, al violar el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional.

Desde que comenzó sus trabajos el 1° de septiembre de 2011, la Prodecon se ha pronunciado en el mismo sentido que la SCJN, en Recomendaciones contra distintas autoridades fiscales que han utilizado este recurso, porque implica un abuso de esa facultad que afecta gravemente a los pagadores de impuestos.

Las multas por retenciones no enteradas se pueden pagar en parcialidades

MULTAS IMPUESTAS POR NO ENTERAR CONTRIBUCIONES RETENIDAS. SU PAGO PUEDE AUTORIZARSE EN PARCIALIDADES. La prohibición contenida en el artículo 66-A, fracción VI, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, de autorizar el pago en parcialidades de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, no resulta aplicable, por analogía, a las multas impuestas por no enterar contribuciones retenidas, por cuatro motivos: 1) la intención no es incumplir con la multa impuesta al particular en su carácter de contribuyente y no de retenedor; 2) las excepciones que hace el citado precepto son de interpretación restringida, lo cual impide aplicar diversos casos que los previstos en la norma; 3) no es congruente suponer que exista la misma razón para cubrir a plazos una multa como la indicada, que para pagar así la contribución retenida, porque no se actualiza el caso de que se pretenda diferir la entrega de patrimonio ajeno en el que existe el interés público de que se entere por el retenedor en los plazos fijados legalmente, sino que la multa será sufragada directamente por el contribuyente; y, 4) porque la oportunidad que el Código Fiscal de la Federación otorga para realizar pagos en parcialidades o diferidos, debe inclinarse por la interpretación más favorable al contribuyente y al propio Estado, pues tal medida fue diseñada para generar beneficios a ambos; esto es, que éste no deje de percibir las contribuciones que le corresponden y que aquél pueda saldar la multa a plazos. Por tanto, el pago de tales sanciones económicas puede autorizarse en parcialidades. Lo anterior no contraviene la tesis 2a./J. 167/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 425, de rubro: “PAGO EN PARCIALIDADES. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL NO AUTORIZAR ESA FORMA DE PAGO RESPECTO DE CONTRIBUCIONES RETENIDAS, TRASLADADAS O RECAUDADAS.”, ya que la hipótesis analizada en este criterio se refiere a casos en los que los montos a enterar no son cantidades que deban salir del peculio del contribuyente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Revisión fiscal 105/2009. Subadministrador de la Administración Local de Recaudación de Toluca en ausencia del Administrador Local de Recaudación de Toluca del Servicio de Administración Tributaria. 14 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: Carlos Alberto Bautista Medina.

Registro No. 160069 Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IX, Junio de 2012 Página: 884 Tesis: II.1o.A.169 A (9a.) Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

Resolución de la Corte en Materia del Mínimo Vital y la retención definitiva de ISR en intereses reales menores a $100,000

Debido a que hoy día existen regímenes tributarios en los cuales el legislador fue omiso en establecer los mecanismos necesarios para garantizar el principio fundamental del mínimo vital, como es el caso de las personas físicas que únicamente obtienen ingresos por intereses reales inferiores a $100,000.00, y cuyas retenciones por quienes les pagan dichos intereses son consideradas por el artículo 160 de la LISR como pago definitivo, teniendo como consecuencia que a estos contribuyentes no se les reconozca ninguna deducción o acreditamiento (ni siquiera el ajuste por inflación propio del cálculo de los intereses reales), no obstante que la ley tampoco les otorga alguna exención, tratamiento favorable, distribución de recursos, asignación directa o subsidio, que les permita asegurar un patrimonio que satisfaga las exigencias más elementales de toda persona y el cual, comenta en un boletín informativo la PRODECON, constituye el principio del mínimo vital que debe garantizar todo Estado, según determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por tal motivo, PRODECON (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente) invita a todos los contribuyentes personas físicas que únicamente obtienen ingresos por intereses reales inferiores a $100,000.00, a que acudan a sus oficinas ubicadas en Nuevo León 250, Colonia Condesa, en México, Distrito Federal, o bien, ingresen a la página oficial www.prodecon.gob.mx a efecto de que obtengan la asesoría legal respectiva.

Consulta el boletín completo aquí

Retención de ISR a pensionados

Recordarán que el año pasado el IMSS comenzó a efectuar retenciones de ISR a los pensionados que reciben más de 9 salarios mínimos, y comenzaron los reclamos y las especulaciones porque se pensó que esta medida era una reforma fiscal o una ocurrencia del IMSS ya que los pensionados simplemente vieron depositado menos dinero en su cuenta bancaria.

La verdad es que esta disposición tiene muchos años, lo que ocurre es que no se había implementado el mecanismo de retención. Sin embargo, muchos pensionados a ver disminuido su ingreso, intentaron ampararse contra esta retención, que sea de paso fue solicitada por el SAT al IMSS y ahora la Suprema Corte de Justicia resuelve:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA RETENCIÓN QUE REALIZA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RESPECTO DE UNA PENSIÓN, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. La aplicación del artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de la retención que respecto de una pensión hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, no pertenece a alguno de los rubros en que éste actúa con carácter de imperio, como lo hace al determinar cuotas obrero-patronales o ejercer cualquiera de las facultades a que se refiere el artículo 271 de la ley que lo rige y, además, no incide en alguno de tales tópicos, sino que, al realizarla, lo hace en su carácter de órgano asegurador en subrogación del patrón, en términos de los artículos 112, 113 y 118 del ordenamiento inicialmente mencionado y, por ende, dicha retención no es un acto de autoridad impugnable en el juicio de garantías, por lo cual éste es improcedente conforme al artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 11 aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 147/2011. Joaquín Barreiro Flores. 11 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez.

Registro No. 161290 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 1369 Tesis: I.7o.A.797 A Tesis Aislada Materia(s): Común, Administrativa

La importancia del código postal en un comprobante

COMPROBANTES FISCALES. DEBE CONSIDERARSE SATISFECHO EL REQUISITO DE QUE CONTENGAN EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, AUN CUANDO SE OMITA SEÑALAR LA COLONIA, SI SE ANOTA EL CÓDIGO POSTAL CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción I, de su reglamento, vigentes en 2009, se advierten la obligación a cargo de los contribuyentes de expedir comprobantes por las actividades que realicen y los requisitos que éstos deben reunir, dentro de los cuales destaca el previsto en la fracción I del segundo de los indicados preceptos, relativo a que consignen el domicilio fiscal de aquéllos, sin que se especifique la forma en que debe plasmarse o los datos que debe contener. Consecuentemente, debe considerarse satisfecho dicho requisito, aun cuando en el comprobante se omita señalar la colonia, si se anota el código postal, que se integra por una serie de números que describen la ubicación geográfica de una localidad, incluyendo la colonia, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Códigos Postales del Servicio Postal Mexicano, pues tal circunstancia no obstaculiza el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la autoridad, al contener el señalado documento la información suficiente para localizar al contribuyente a fin de que cumpla con sus obligaciones tributarias.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 140/2011. Cigarros La Favorita, S.A. de C.V. 16 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Registro No. 161372
Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 1298 Tesis: I.4o.A.783 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

TESIS AISLADA IV/2011

ARRENDAMIENTO. FORMAS DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DEL ARRENDADOR DE OTORGAR EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 2428-E, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. El recibo de pago es el documento de autoría del acreedor que contiene los elementos necesarios del pago realizado por el deudor respecto de una obligación, por lo que constituye el medio idóneo para demostrar el pago.

Sin embargo, actualmente existen documentos que al cumplir con la misma función, también pueden considerarse “recibos” de pago, como la ficha de depósito bancario, los registros de transferencias bancaria realizadas por medios físicos o electrónicos y, en general, los documentos análogos que demuestren el pago. Por tanto, si el arrendatario puede tener acceso a cualquiera de los documentos indicados, cada vez que realiza el pago de una pensión rentística, debe considerarse, para efectos del artículo 2428-E, segundo párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, que el arrendador ha cumplido con la obligación de otorgar el recibo de pago respectivo, sobre todo cuando la generación del documento de que se trate proviene de un medio de pago pactado por las partes en el contrato respectivo.

Contradicción de tesis 123/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1° de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de diecinueve de enero de dos mil once.- México, Distrito Federal, veinte de enero de dos mil once.- Doy fe.