En espera de la cuarta modificación

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (2 de julio) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 que contempla:

1.Aclaración de publicación de datos de los contribuyentes en la página de Internet del SAT.

2.Cobro de créditos fiscales determinados por autoridades federales.

3.Acuerdo amplio de intercambio de información.

4.Formato de solicitud de devolución.

5.Expedición de CFDI por concepto de nómina.

6.Expedición de CFDI por concepto de nómina por contribuyentes que utilicen “Mis cuentas”.

7.Contabilidad en idioma distinto al español.

8.Contribuyentes relevados de la obligación de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal.

9.Contribuyentes personas morales residentes en México con operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero.

10.Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación.

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Entre lo que debiera ser y lo que es

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer por medio de su página de Internet: www.prodecon.gob.mx, la recomendación 19/2015, mediante el cual el titular de la delegación fiscal de Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, pues indebidamente negó la aceptación de la garantía del interés fiscal consistente en la negociación a nombre de la contribuyente, lo que derivó en actos de ejecución violatorios de lo dispuesto en el artículo 157, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que se embargaron bienes necesarios para llevar a cabo su actividad económica, causándole daños de imposible restitución.

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Hay que pagar impuestos aunque quedemos encuerados

Época: Décima Época
Registro: 2009431
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)
Tesis: II.1o.9 A (10a.)

MÍNIMO VITAL. ESE DERECHO ES INAPLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS.
Tratándose de personas jurídicas, la observancia del derecho al mínimo vital en materia fiscal se realiza a través del cumplimiento del principio de proporcionalidad tributaria, al momento en que se impone la carga al contribuyente, por lo
que resulta inapropiada su extensión al procedimiento administrativo de ejecución, en tanto que éste se encuentra dirigido a hacer cumplir las obligaciones contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que su naturaleza jurídica prevé la sujeción del gobernado a su cumplimiento forzoso. Esto es, su aplicación en un procedimiento que tiene por objeto exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales, desnaturalizaría su materia, pues se alentaría el incumplimiento de éstas, so pretexto de un derecho que debe ser observado por el legislador.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
Amparo en revisión 15/2015. Plásticos González Sucesores, S.A. de C.V. 12 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Enrique Sánchez Frías. Secretaria: Claudia Corrales Andrade.
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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Es que me sube el colesterol

La autoridad sigue con sus precisiones al anteproyecto de la tercera modificación miscelánea y publica una regla 4.3.6 para indicar que cuando se enajenen productos que ya están listos para comerse, tendrán que gravarse con IVA, aunque no cuenten con instalaciones apropiadas o utensilios para comerse.

Aparece una lista de antojitos y comida rápida que mejor no les detallo para no invitarlos a pecar, lo que si es importante mencionar es que para la autoridad esta clase de operaciones no son afectas al IEPS porque aparentemente se presta un servicio y no es una enajenación, pero yo tengo mis dudas, porque en un puesto de gorditas o de tortas ahí mismo preparan los alimentos, pero en una tiendita donde se venden los productos empaquetados porque son preparados en otro lugar???

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Los medios electrónicos para la ley antilavado son válidos

Época: Décima Época
Registro: 2009438
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: III.5o.A.5 A (10a.)

PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES DEBEN DARSE DE ALTA EN EL PADRÓN CORRESPONDIENTE Y ENVIAR LA INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN RELACIONADA CON ÉSTAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
Los artículos 17, 18, fracción VI, 19, 23, 24 y segundo transitorio, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establecen, respectivamente, el catálogo de actividades consideradas como vulnerables para efectos de la propia ley y, por tanto, objeto de identificación; las obligaciones de los sujetos que realicen las actividades vulnerables, entre las que se encuentra, presentar los avisos correspondientes en los tiempos y bajo la forma prevista en esa ley; que el reglamento de dicho ordenamiento instituirá medidas simplificadas para el cumplimiento de esas obligaciones, en función del nivel de riesgo de las actividades vulnerables y de quienes las realicen; el plazo para la presentación de los avisos; que ésta se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, que el Ejecutivo Federal emitiría el reglamento indicado. Por su parte, el artículo 12 de este último precisa que las personas que realicen las actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de la ley, deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y enviar al Servicio de Administración Tributaria la información de identificación relacionada con éstas a través de los medios electrónicos y mediante el formato oficial que determine y expida la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia mencionada, así como que cuando ya no lleven a cabo actividades vulnerables deberán solicitar su baja del padrón correspondiente. En consecuencia, el hecho de que los sujetos obligados a presentar los avisos señalados deban darse de alta en el padrón y enviar la información aludida por medios electrónicos, no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a los que está sujeta la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, porque no se insubordina a la ley que regula, ya que es por esa herramienta tecnológica elaborada por la autoridad competente que se presentarán los avisos, mandato que previó la ley de la materia para el cumplimiento ágil de esa exigencia, es decir, el reglamento sólo desarrolló el cómo de las disposiciones legales citadas.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 28/2014. Viviendas Don José, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez. Secretario: Antonio Gómez Luna Zepeda.
Amparo en revisión 32/2014. María Margarita Plasencia Moeller. 19 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez. Secretaria: Karla Lizet Rosales Márquez.
Amparo en revisión 189/2014. Ana Cecilia Plasencia de la Mora. 19 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: René Olvera Gamboa. Secretaria: Martha Elguea Cázares.
Amparo en revisión 110/2014. Plasencia Camiones de Guadalajara, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez. Secretario: Abel Ascencio López.
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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Criterio favorable en caso de que no se desglose el IEPS en la gasolinera

ANTECEDENTES:
Que derivado de la enajenación de Diesel a las empresas dedicadas al autotransporte de carga, han solicitado a su representada, que por disposición de lo dispuesto por el artículo 16, Apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015, les sea desglosado el IEPS por así señalarlo dicho numeral. La promovente sostiene el criterio, en el sentido de que la aplicación del artículo 16, Apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015, y en concordancia con el artículo 2-A fracción I, y fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) así como la regla 9.5, no se debe negar desglosar el IEPS en virtud de lo dispuesto por la fracción II del artículo 2-A referido.
CONSIDERANDOS:
De conformidad con el artículo 2-A fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios, en relación con el 16 Apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015 y la Regla 9.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la federación el 30 de diciembre de 2014, las estaciones de servicio por la venta de diesel al público en general, trasladara un monto equivalente al impuesto establecido en esa fracción, pero en ningún caso lo hará en forma expresa y por separado, pero los contribuyentes que adquieran el diesel en estaciones de servicio del país, podrán optar por acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diesel en las citadas estaciones de servicio que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al Valor Agregado, por el factor que para el mes en que se adquiera el diesel dé a conocer el Servicio de Administración Tributara en su página de Internet siempre que, además de efectuarse el pago en los términos del párrafo anterior, el comprobante que se expida reúna los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
RESOLUTIVO:
Se confirma el criterio del promovente en el sentido de que de conformidad con el artículo 2-A fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios, en relación con el 16 Apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015, las estaciones de servicio no desglosarán en ningún caso de forma expresa o por separado el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

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Ahora que se van a poner de moda las revisiones electrónicas

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO QUE DETERMINÓ CONTRIBUCIONES POR INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LO DICTÓ U ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 (*), sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra sentencias que declaren la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales y por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos, no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, al margen de la materia del asunto. En este sentido, los referidos criterios son aplicables cuando la sentencia que declara la nulidad lisa y llana del acto administrativo impugnado que determinó contribuciones sólo obedece a la incompetencia de la autoridad que lo dictó u ordenó o tramitó el procedimiento del que deriva, pues en este supuesto no se resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso ni se emite un pronunciamiento de fondo en el que se declare un derecho o se exija el cumplimiento de una obligación, con independencia de que el vicio aducido por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa implique la nulidad de los créditos impugnados pues, en todo caso, es consecuencia del vicio formal que estimaron actualizado, pero no evidencia que realmente haya un pronunciamiento de fondo; de manera que el requisito de excepcionalidad previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se satisface, lo que torna improcedente el medio de defensa intentado.

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¿Cuánto más puede llegar a costar un sistema contable?

No podemos negar que esto de la contabilidad digital nos tiene lo suficientemente entretenidos como para meditar en que el SAT entre más tiempo pasa, más información solicita y es que ahora la novedad es que los contadores podríamos ocupar el poco tiempo libre que nos queda en aprender un idioma nuevo; ¿y eso por qué?

Resulta que la nueva regla miscelánea 2.8.1.19 establece que cuando la contabilidad, incluyendo la documentación comprobatoria, se encuentre en idioma distinto al español, las autoridades fiscales podrán solicitar su traducción POR UN PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO POR AUTORIDAD COMPETENTE.

¿Tendrá la autoridad una idea del costo de traducir cada documento? Ah porque también ese requisito debe acompañar los documentos que se integren en los trámites de devoluciones y compensaciones.

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Operaciones vulnerables ratificadas

CONSTITUCIONAL NORMAS CONTRA BLANQUEO DE RECURSOS, RELACIONADAS CON FEDATARIOS PÚBLICOS
En sesión de 3 de junio del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 71/2015, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó, en lo que aquí interesa, la constitucionalidad del artículo 17, fracción XII, apartado B, inciso a), de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, relacionado con la prestación de servicios de fedatarios públicos, actividad considerada como “vulnerable” a ser utilizada para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita.
El artículo impugnado se refiere a las actividades vulnerables, en el caso, la prestación de servicios de fedatarios públicos, tratándose de corredores públicos, como es, la realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Al resolver el asunto, la Primera Sala enfatizó que la calidad de actividad vulnerable de los prestadores de servicios de fe pública, notarios, corredores o funcionarios públicos, se refiere a que éstos, por disposición de la ley, se encuentran dotados de fe pública, es decir, son fedatarios públicos. En este sentido, el precepto impugnado no prescribe que los avalúos que realizan los corredores públicos, como lo argumenta el aquí quejoso, sean siempre actos de fe pública.
Razón por la cual, modificó la sentencia recurrida y negó el amparo al aquí quejoso, pues es infundado su argumento en relación a que el artículo reclamado viola el derecho humano de igualdad y no discriminación, al hacer, según él, una distinción entre corredores públicos como peritos valuadores, frente al resto de los valuadores. Ello es así, toda vez que los corredores públicos se encuentran comprendidos en un régimen que no sólo es diferente al del resto de los valuadores, sino que pertenecen a un régimen jurídico especial que está regulado expresamente en una ley federal.
Por tanto, si bien es cierto que la indicada medida eventualmente puede provocar que se encomienden menos avalúos de bienes a los corredores públicos para encargarlos a otros valuadores, no menos cierto es que, respecto de los avalúos que realicen los corredores, subsiste la operatividad de la medida establecida por el legislador en el sentido de constituir una fuente de datos que permita abonar en la identificación y detección de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.

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Un nuevo reglamento

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer el día de hoy (4 de junio) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores que tiene por objeto establecer las normas reglamentarias para instrumentar los esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los Trabajadores en el Ámbito Ocupacional.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOF, es decir, el 5 de junio de 2015.

La disposición contenida en la fracción I del artículo 7 de este Reglamento, respecto a la vigencia de los Vales de Comida, entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes a la publicación del presente ordenamiento.

Descarga el reglamento aquí

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