Un nuevo aviso para una “nueva” actividad vulnerable

El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionó la fracción XVI al artículo 17 de la Ley, conforme a la cual se agrega como Actividad Vulnerable el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México, por lo que deben cumplir con las obligaciones respectivas.

Por lo tanto se dio a conocer el formato para informar las operaciones relacionadas con las criptomonedas, y así poder enviar el aviso en el portal anti lavado.

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Los contadores hacemos de todo pero actividades vulnerables???

Registramos operaciones al real saber y entender del empresario, realizamos trámites, llenamos declaraciones, calculamos una nómina, cuando se necesita litigamos, somos consejeros matrimoniales, hacemos las tareas de los hijos del representante legal, recogemos ropa de la tintorería, entre otros, pero las actividades enlistadas en el artículo 17 fracc. XI, por lo general no.

A mi también me llegó la invitación para inscribirme y cumplir con obligaciones anti lavado, y mi principal actividad tiene que ver con la enseñanza, sin embargo, como el sistema del SAT no tiene la inteligencia artificial suficiente, se giraron invitaciones a todos los contadores y auditores, así que a continuación les comparto el escrito aclaratorio que hay que presentar a través de Mi portal, elaborado por el Lic. Juan Luis Cruz Santos, que por cierto primero fue contador y ahora se desempeña como abogado. De por si los contadores ya no quieren continuar desarrollando su profesión, ahora con esto… no sé hasta lo estoy pensando después de las descalificaciones de nuestro presidente.

Quien suscribe ……. con RFC ….. bajo protesta decir verdad ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE presta servicios relacionados con el registro contable, cálculo de impuestos y presentación de declaraciones, sin que al día de hoy lleve a cabo operaciones relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

Por lo que se solicita respetuosamente deje sin efectos la invitación aludida.

Si pueden adjuntar contrato con las características señaladas o las facturas que detallan la descripción del servicio.

El tema es separar a las legítimas de las que no lo son

Firman STPS y UIF acuerdo para combatir la subcontratación ilegal
BOLETÍN 178/2019
Firman STPS y UIF acuerdo para combatir la subcontratación ilegal
Intercambiarán información para detectar empresas que utilizan este esquema de contratación de manera abusiva.
Autor
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha de publicación
30 de septiembre de 2019
Categoría
Comunicado
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019

Intercambiarán información para detectar empresas que utilizan este esquema de contratación de manera abusiva.
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), firmó un acuerdo de colaboración con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para intercambiar información y hacer una estrategia conjunta que permita mayor eficiencia en el combate a esquemas fraudulentos vinculados a la subcontratación.

Una nueva unidad especializada

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio, como la encargada de investigar, preparar y ejercer la acción de extinción de dominio e intervenir en el procedimiento jurisdiccional previsto en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en la Fiscalía General de la República.

La Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio se encontrará adscrita a la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de la República.

Descarga la publicación aquí

Jurisprudencia en el uso del NIP como firma electrónica

NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS “TERMINAL PUNTO DE VENTA”. Cuando se demanda la nulidad de los vouchers emitidos con motivo del uso de una tarjeta bancaria cuya autenticación se originó mediante la digitación de un número de identificación personal, porque el usuario niega haberlos realizado, es la institución bancaria quien está obligada a ofrecer las pruebas pertinentes que acrediten que fue el propio usuario quien realizó dicha transacción. Lo anterior encuentra justificación, porque con independencia de que la institución bancaria demandada exprese que la operación reclamada se efectuó a través de medios electrónicos utilizando la firma electrónica del cuentahabiente mediante el tecleo de su número de identificación personal (NIP), lo que presuntivamente acredita la existencia y validez de las transacciones; sin embargo, es ésta la que tiene la obligación de aportar las pruebas pertinentes con las que se demuestre que fue el propio usuario quien realizó tales operaciones, esto es, que se trató del emisor de la autorización mediante la firma electrónica. Ello, en virtud de que las instituciones bancarias prestadoras del servicio son las que se encuentran en una posición dominante en la relación de consumo, por lo que están obligadas a garantizar la seguridad en todas las operaciones que se lleven a cabo con motivo de los contratos celebrados con sus clientes, pues son ellas las que cuentan con dispositivos y mecanismos que facilitan la aportación de pruebas, al ser las encargadas de la implementación de las medidas de seguridad a efecto de poder verificar no sólo los montos de las disposiciones o los cargos, sino la efectiva utilización de la tarjeta que cuenta con mecanismo chip y del número de identificación personal de los usuarios. Por tanto, si la institución financiera quiere gozar de la presunción legal de tener como emisor al que envió el mensaje de datos, deberá probar los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción y que fueron acordados con el usuario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito; y que esos procedimientos cumplen con los requisitos previstos para la verificación de la fiabilidad de las firmas electrónicas, esto es, que los datos de creación del mensaje en el contexto en que se utilizaron, corresponden exclusivamente al emisor, sin que el sistema en sí mismo haya sido alterado por algún agente externo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la regla establecida en el artículo 1196 del Código de Comercio de que corresponde probar al que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante; pues si bien ello podría en principio trasladar la carga de la prueba al usuario, pues de conformidad con el artículo 90 Bis del mismo ordenamiento legal, la institución financiera cuenta con la presunción legal de tener como emisario al usuario y actuar en consecuencia cuando se haya aplicado el método de identificación acordado, como puede ser el uso de la tarjeta bancaria al cual se encuentra integrado un chip con el número de identificación asociado, que una vez tecleado fue verificado por la institución bancaria dando como resultado que en el voucher se insertara la leyenda: “NIP VERIFICADA o PIN VERIFIED”; sin embargo para que el juez esté en aptitud de aplicar esa presunción se necesita la exhibición de mayores elementos para demostrar la fiabilidad del método utilizado para la generación de la firma. Así, una vez que la institución bancaria haya acreditado que no se vulneró el sistema durante la transacción y que tomó las medidas de seguridad necesarias; entonces la carga de la prueba se le revertirá al usuario quien tendrá el deber de desvirtuar lo aportado por aquélla.
Contradicción de tesis 128/2018. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 9 de enero de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario. Jorge Arriaga Chan Temblador.
Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 499/2016, del que derivaron las tesis aisladas I.3º.C.263 C (10a.), I.3º.C.264 C (10a.), I.3º.C.265 C (10a.) y I.3º.C.266 C (10a.), de rubros: “FIRMA ELECTRÓNICA EN OPERACIONES BANCARIAS Y COMERCIALES. ES UNA FUENTE VÁLIDA Y CIERTA DE OBLIGACIONES PARA LOS TARJETAHABIENTES A MENOS DE QUE SE DEMUESTRE QUE EL PROCESO QUE LE DIO ORIGEN LA HACE VULNERABLE.”; “FIRMA ELECTRÓNICA. REQUISITOS PARA CONSIDERARLA AVANZADA O FIABLE.”; “VOUCHERS. CARGA DE LA PRUEBA DE CARGOS EFECTUADOS MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA.”; y “VOUCHERS. TIENEN VALIDEZ LAS TRANSACCIONES AUTORIZADAS MEDIANTE LA FIRMA ELECTRÓNICA, Y LA DIVERSIDAD DE LAS FIRMAS GRÁFICAS EN AQUÉLLOS PASAN A SEGUNDO TÉRMINO POR NO SER EL MEDIO DE AUTORIZACIÓN.”, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, junio de 2017, Tomo IV, páginas 2917, 2918, 3054 y 3055, con números de registros digitales 2014544, 2014545, 2014564 y 2014565, respectivamente. El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 402/2017, en el que consideró que cuando en un juicio se ejerce acción de nulidad de vouchers emitidos por la realización de una operación comercial efectuada con una tarjeta bancaria, y el consentimiento de la persona se emitió mediante un número de identificación personal (NIP), corresponde al banco demandado la carga de la prueba, ya que como operador de los sistemas cibernéticos con que se llevan a cabo las operaciones de comercio electrónico, tiene la obligación de justificar la adopción de todas aquellas medidas de seguridad que den certeza de la operación realizada.
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis, fueron aprobados en sesión privada de veinte de febrero de dos mil diecinueve. Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Doy fe. PMP/lgm.

Se va a poner intenso el tema de la materialidad

Este es un criterio de la PRODECON que les quiero compartir ahora que vamos a tener que lidiar con este tema retomado, corregido y aumentado en la iniciativa de reforma fiscal para el próximo año.

8/2018/CTN/CS-SASEN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2018 )

OPERACIONES INEXISTENTES. DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF, NO SE DESPRENDE QUE PREVEA LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LOS RECEPTORES DE LOS CFDI PARA DEMOSTRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE AQUÉLLAS. Del análisis del texto, hipótesis y consecuencias jurídicas del referido precepto, así como del estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación (CFF), se puede apreciar que existen tres momentos para que los contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS) al recibir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los contribuyentes publicados en el listado definitivo del artículo 69-B (EFOS-Empresas que facturan operaciones simuladas), puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones que se amparan en los CFDI. El primer momento es el establecido, precisamente, en el quinto párrafo del artículo 69-B del CFF, que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, que corrigieron su situación fiscal. Sin embargo, en opinión de Prodecon, el no ejercer ese derecho dentro del plazo aludido no implica que precluya la posibilidad de hacerlo con posterioridad, toda vez que lo cierto es que el EDO no ha sido notificado personal y directamente dentro de un proceso que lo vincule a demostrar dicha materialidad, sin que obste la publicación del contribuyente emisor de los comprobantes en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que dicha publicación no puede surtir efectos de notificación frente a los terceros que recibieron esos comprobantes. El segundo momento puede producirse cuando concluido el mencionado plazo de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, en opinión de esta Procuraduría, tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad. Finalmente, se estima que el tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

SUSTENTADO EN: Consulta PRODECON/SASEN/DGEN/II/231/2017

RELACIONADO CON:
CRITERIO SUSTANTIVO 9/2016/CTN/CS-SASEN
CRITERIO SUSTANTIVO 2/2016/CTN/CS-SASEN

Se planea un padrón de asesores fiscales

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Y todo esto para que los asesores fiscales confiesen lo que platican con el chamuco. No es en todos los casos, pero si hay que pensarlo dos veces antes de dar una opinión, no vaya a ser que nos etiqueten como delincuencia organizada.

»No imites la maldad de las mayorías. »No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. »No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría.” ÉXODO 23:2 NVI

El estrés en el trabajo

En octubre entra en vigor la NOM-35-STPS referente a la detección y prevención de factores de riesgo piscosocial en los centros de trabajo

La identificación y análisis deberá contemplar lo siguiente:
a) Las condiciones en el ambiente de trabajo.
b) Cargas de trabajo.
c) Falta de control sobre el trabajo.
d) Exceso en las jornadas de trabajo y la rotación de turnos.
e) Interferencia en la relación trabajo-familia.
f) Liderazgo o relaciones negativas en el trabajo.
g) Violencia laboral.

Debido a que no existen recetas de cocina ni atajos para aplicarla, antes de que supongan más de lo debido, le comparto la liga de la capacitación que recibieron los inspectores de la STPS, para que tengan una idea más clara de cómo se va a evaluar su correcta aplicación.

https://www.facebook.com/stpsmx/videos/2368542813188858/

Recuerden que si no está en contabilidad, no existe

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS.- NO SE DESVIRTÚA SI SOLO ES EXHIBIDA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SIN REGISTRO CONTABLE.- En términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad incluye lo siguiente: 1) Papeles de trabajo; 2) Registros, cuentas especiales, libros y registros sociales; 3) Equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros; 4) Máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas; 5) Comprobantes fiscales; 6) Sistemas y registros contables; y 7) Documentación comprobatoria de los asientos contables. De ahí que, y con base en la fracción III del artículo 59 de ese ordenamiento legal, la presunción de ingresos, por depósitos bancarios, solo se desvirtúa con el asiento contable y su documentación comprobatoria, tal como se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 56/2010. De modo que, si la autoridad aplica la presunción, porque, a su juicio, el depósito bancario no está registrado o identificado, entonces, el contribuyente debe demostrar, durante la fiscalización o el recurso de revocación, lo siguiente: a) El registro o identificación del depósito, en la contabilidad; y b) El origen del depósito con la documentación comprobatoria del asiento contable. Por tal motivo, es insuficiente que el contribuyente se limite a exhibir documentación con la cual pretende demostrar su origen. Es decir, en este caso, la insuficiencia probatoria deriva de que la presunción fue aplicada, porque el depósito no está registrado o identificado en la contabilidad.
PRECEDENTE:
VIII-P-2aS-364
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2060/16-06-02-5/ 733/18-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 21 de agosto de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de octubre de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 28. Noviembre 2018. p. 652
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-2aS-445
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5488/16-06-03-2/ 557/18-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 25 de abril de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretaria: Lic. Ofelia Adriana Díaz de la Cueva.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de abril de 2019)