La firma electrónica avanzada que se tramita en el SAT, se considera que tiene los mismos efectos legales que la firma autógrafa, porque en el trámite de su generación existen un vínculo con los datos biométricos del ciudadano. Existen varios convenios de colaboración con otras autoridades, por ejemplo el IMSS, para reconocer su validez en trámites de otras dependencias, por ello este convenio celebrado ahora con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para impulsar la digitalización y seguridad en los procesos regulatorios del sistema financiero con el uso de la e.firma, resulta imprescindible para la transición a la nueva era digital en México.
A la primera mitad de este año ya se contabilizan 55.1 millones de certificados expedidos y se utiliza en 500 trámites, y la intención es que a través del uso de la e.firma se garantice la transmisión segura de datos y la integridad de la información.
Hace dos años en este blog, colgué el video con el que presentaron a la robot de inteligencia artificial de la CNBV, y comenté que me voló la cabeza sin embargo, ahora esta interacción resulta trascendente hablando de finanzas a cualquier nivel, ya que el convenio busca incorporar el uso de la firma electrónica como mecanismo de autentificación dentro de diversos procesos internos y en la interacción con entidades financieras y la ciudadanía.
Actualmente, la e.firma del SAT es una de las herramientas digitales más utilizadas en México, con más de 55.1 millones de certificados digitales emitidos al cierre de junio de 2025. Además de su uso en trámites fiscales, es clave en más de 500 servicios gubernamentales, como la obtención de cédulas profesionales, facturación electrónica y actualización de datos ante el RFC.
Pero no solo compartirán el uso de la e.firma, ya que el convenio permite utilizar otros servicios; y nada más para que vayan imaginando lo que sucederá cuando se pongan a revisar los comprobantes del repositorio, tendrían un sistema contable diseñado a la medida, es como meter los metadatos a centrifugar.
Gracias a esta colaboración, se optimizan recursos, se agilizan procesos y se simplifican trámites, para fortalecer la seguridad jurídica de gestiones y documentos electrónicos, pero se agregan más elementos de vigilancia en el ámbito fiscal y prevención de lavado de dinero.
