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El SAT ya no necesita magia: ahora tiene IA

En abril de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, que define cómo el Estado mexicano usará y regulará la IA. El documento se sostiene en tres pilares — un marco ético y legal, el desarrollo de capacidades y talento, y la infraestructura de cómputo soberana — y ya se traduce en herramientas concretas de fiscalización que impactan directamente a las empresas y contribuyentes. A continuación, un resumen de los puntos más relevantes.

El Plan busca que la IA esté al servicio del interés público y fortalezca la capacidad del Estado para tomar decisiones, anticipar riesgos y mejorar servicios. Para ello se apoya en tres ejes complementarios:

  • Marco ético y legal sólido — reglas claras, transparencia algorítmica y supervisión humana efectiva.
  • Capacidades: talento y software público — formación especializada (Centro Público de Formación en IA) y desarrollo de soluciones propias (Fábrica de IA).
  • Infraestructura estratégica — la supercomputadora Coatlicue (314 petaflops) y una red nacional de centros de datos, para reducir la dependencia tecnológica externa.

El eje transversal es claro: el Estado no quiere ser solo usuario de tecnología ajena, sino desarrollar capacidad propia para diseñar, adaptar y supervisar sistemas de IA aplicados a la función pública — incluida la fiscalización.

El 29 de enero de 2026, la SECIHTI y la ATDT presentaron los Principios de Chapultepec, el primer marco ético oficial para el uso de IA en el sector público. Sus diez criterios rectores son:

  • La IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos.
  • Toda decisión apoyada por IA debe tener responsables humanos.
  • Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse.
  • La IA se gobierna mejor cuando se decide en colectivo.
  • La IA sólo es valiosa si genera bienestar para todas las personas.
  • Antes de automatizar, hay que comprender a quién y a qué afecta.
  • La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país.
  • El desarrollo de la IA requiere fortalecer la educación y el conocimiento.
  • La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística del país.
  • Los datos son un bien público que debe cuidarse con responsabilidad.

Sobre esta base, se anticipa una ley federal de IA articulada en seis principios: transparencia y explicabilidad, licitud y uso ético, no discriminación, proporcionalidad, supervisión humana efectiva y corresponsabilidad entre quienes desarrollan, distribuyen y utilizan la IA.

Esto es relevante porque, en la medida en que las autoridades fiscales usan IA para emitir alertas o priorizar auditorías, principios como la responsabilidad humana y la explicabilidad de las decisiones abren una vía de defensa: toda actuación basada en IA debe poder explicarse y tener un responsable identificable.

El pilar de capacidades ya se tradujo en herramientas concretas a través de la «Fábrica de IA», la unidad que desarrolla soluciones tecnológicas para el gobierno. Dos de sus proyectos tienen impacto fiscal directo:

Modelo de Grafos contra Factureras

Sistema analítico que representa a cada contribuyente como un nodo y cada transacción o deducción fiscal como una arista dentro de un grafo de gran escala. Incorpora el padrón de contribuyentes del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo que le permite identificar vínculos directos e indirectos entre posibles EFOS y EDOS (empresas que facturan operaciones simuladas y quienes las deducen).

El modelo detecta subgrafos, comunidades y rutas de propagación de riesgo — esquemas de red que un análisis transaccional convencional difícilmente identificaría — y está diseñado para escalar a millones de nodos, apoyando los procesos de auditoría y fiscalización del SAT.

El SAT ya no analiza solo la operación individual, sino la red de vínculos entre contribuyentes. Una relación comercial indirecta con una empresa listada como EFOS puede generar una alerta, incluso sin operación directa cuestionable.

Es momento de reforzar la debida diligencia de proveedores y la documentación de materialidad de las operaciones.

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