PRODECON logra sentencia en deducción de gastos médicos

La Procuraduría logró demostrar que la salud reproductiva es un derecho comprendido dentro del concepto de salud que ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la salud es el bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades. Bajo esta consideración, PRODECON acreditó que el gasto efectuado por el contribuyente por concepto de tratamiento de reproducción asistida por infertilidad masculina, constituye un gasto médico deducible para efectos del ISR, pues el tratamiento fue proporcionado por personal médico especializado y se cuenta con los comprobantes fiscales que acreditan que el gasto fue pagado por el contribuyente.

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Los sindicatos podrían pagar impuestos

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.- LOS SINDICATOS OBREROS Y LOS ORGANISMOS QUE LOS AGRUPEN NO SON CONSIDERADOS COMO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A MENOS QUE REALICEN ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE GENERAR UN INGRESO ACUMULABLE.- El artículo 95, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considera a los sindicatos obreros como personas morales con fines no lucrativos, razón por la cual, les resulta aplicable el artículo 93 del ordenamiento en cita que establece que tales personas no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Las referidas disposiciones son congruentes con el fin no lucrativo perseguido por el sindicato, el cual es definido por el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, como la asociación de traba- jadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. De acuerdo con dicha finalidad, la propia legislación laboral, en su artículo 378, prohíbe a los sindicatos la realización de actividades mercantiles, las cuales se engloban en lo que el artículo 75 del Código de Comercio define como actos de comercio, los que, por su propia naturaleza, tienen una finalidad de lucro. No obstante dicha prohibición, la cual se actualiza en el ámbito laboral, la legislación en materia de impuesto sobre la renta prevé el supuesto en que una persona moral que en principio no es contribuyente o que realiza actividades que no generan el impuesto, realice actos que sí son susceptibles de generar un ingreso acumulable. Para lo anterior, el último párrafo del artículo 93 de la mencionada ley, establece que en el caso en que se enajenen bienes distintos del activo fijo o se presten servicios a personas distintas de los miembros, se deberá determinar el impuesto correspondiente en los términos que el propio precepto señala. Por tanto, si bien es cierto que un sindicato obrero no es un contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta y puede prestar servicios a sus miembros, también lo es que si realiza actividades susceptibles de generar un ingreso acumulable, deberá determinar y pagar los impuestos relativos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 10424/10-17-05-2/AC1/244/12- PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de noviembre de 2012, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán.

(Tesis aprobada en sesión de 28 de noviembre de 2012)

Un decreto reciclado que violó la garantía de igualdad

VALOR AGREGADO. EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE UN ESTÍMULO FISCAL A LA IMPORTACIÓN O ENAJENACIÓN DE JUGOS, NÉCTARES Y OTRAS BEBIDAS, RESPECTO DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE JULIO DE 2006, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. El citado decreto expresamente tomó en cuenta que, por virtud de las tesis 2a./J. 34/2006 y 1a./J. 136/2005 de la Segunda y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, en diversas ejecutorias había procedido el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que los quejosos no trasladaran el impuesto al valor agregado a la tasa del 15% sino a la del 0%. A partir de ese antecedente, en dicha determinación administrativa se estableció un estímulo fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del mencionado tributo que deba pagarse por la importación o enajenación de jugos, néctares y concentrados de frutas o de verduras, de productos para beber en los que la leche sea un componente que se combina con vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, endulzantes u otros ingredientes, tales como el yoghurt para beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no gaseosa ni compuesta presentada en envases menores de diez litros. Con dicha medida el Ejecutivo Federal consideró homologar el tratamiento fiscal de estos productos, de forma que la industria que los produce y su comercialización no se vieran afectados por las distorsiones que se provocan en el mercado, cuando sólo algunos agentes pueden aplicar la tasa del 0% a los productos aludidos como consecuencia de resoluciones jurisdiccionales favorables, y asegurar un tratamiento fiscal idéntico y condiciones de competencia similares para todas las enajenaciones de esos bienes. Ahora bien, para analizar si dicho decreto respeta la garantía de igualdad consagrada en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, cobra relevancia la primera de las referidas tesis jurisprudenciales, que declaró inconstitucional el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ante la inexistencia de elementos que justifiquen el trato diferenciado al gravar con la tasa del 0% la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido y con el 10% o 15% la de aquellos en estado líquido en general. Visto el indicado criterio, cabe advertir que si el beneficio contenido en el comentado decreto se implementó para evitar la afectación provocada por la distorsión en el mercado, como consecuencia de la aplicación de las jurisprudencias precisadas, entonces la limitación de dicho beneficio a la importación o enajenación de específicos alimentos en estado líquido, no obstante que el trato inequitativo que pretendió suprimirse se refería a la enajenación de alimentos en estado líquido en general, implica un trato desigual entre aquellos que importan o enajenan los incluidos en el decreto y quienes realizan dichas actividades con otros, diferentes, por carecer de una base objetiva y válida que lo justifique, es decir, no existe racionalidad en el trato desigual, ya que no se trata de un medio apto para alcanzar el fin pretendido, si consideramos que subsiste la distorsión en la cadena de comercialización respecto de algunos alimentos en estado líquido. Por tanto, el decreto de marras, respecto del impuesto al valor agregado, viola la señalada garantía. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 491/2011. Tiendas Soriana, S.A. de C.V. y otra. 17 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: María del Socorro Zapata Barrera.

Registro No. 2000482
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012 Página: 1483 Tesis: IV.2o.A.1 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa

Nota: Las tesis 2a./J. 34/2006 y 1a./J. 136/2005 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 420, con el rubro: “VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o. A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS ALIMENTOS EN ESTADO LÍQUIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996).” y Tomo XXII, octubre de 2005, página 672, con el rubro: “VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o. A, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO A QUIENES ENAJENAN AGUA NO GASEOSA NI COMPUESTA, CUYA PRESENTACIÓN SEA EN ENVASES MAYORES DE DIEZ LITROS, EN RELACIÓN CON QUIENES LO HACEN EN ENVASES MENORES DE ESE VOLUMEN, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).”, respectivamente.

IVA identificado con actos exentos

VALOR AGREGADO. LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EXENTAS PUEDAN ACREDITAR EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). El hecho de que los contribuyentes con actividades exentas no puedan acreditar el impuesto al valor agregado que a su vez les hubiere sido trasladado por sus proveedores o el pagado en la importación, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la razón de que se niegue tal derecho radica en la circunstancia de que se les exime de pagar el tributo, no obstante que actualicen el supuesto descrito por la norma como hecho generador. Además, considerando que quien desarrolla actos o actividades exentas se coloca en un supuesto de excepción a la forma ordinaria en que opera el gravamen, tampoco ve mermada su verdadera capacidad contributiva en tanto que, tratándose de este tipo de operaciones, la manifestación de riqueza se sigue del gasto respectivo, caso en el cual, si bien es cierto que el productor de bienes o el prestador de servicios contribuyente, debe absorber la carga tributaria como un gasto o costo, también lo es que puede considerarlo en el precio de enajenación de los bienes o servicios, sin que ello implique la traslación del impuesto, pues no debe pasarse por alto el hecho de que no se trata de un consumidor final y que el impuesto al valor agregado no en todos los casos incide en este último, sino que tal efecto es susceptible de verificarse en etapas intermedias del proceso de producción y distribución de bienes, con la finalidad de proteger el poder adquisitivo de determinados sectores de la población.

Amparo en revisión 1160/2006. Universidad Regiomontana, A.C. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1383/2006. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1246/2006. Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Pedro Arroyo Soto y Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 1926/2005. Salud Inbursa, S.A. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 226/2006. Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Tesis de jurisprudencia 177/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil siete.

Tesis: 2a./J. 177/2007 Localizacion: Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 556

Sentencia sobre Compensaciones de Oficio

COMPENSACIÓN DE OFICIO. EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2003, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
El citado precepto, al prever que las autoridades fiscales están facultadas para compensar de oficio las sumas que los contribuyentes tengan derecho a recibir, por cualquier concepto, contra las cantidades que estén obligados a pagar al fisco por adeudos propios o por retención a terceros, respecto de créditos que hayan quedado firmes por cualquier causa, sin contemplar un plazo específico para ello, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de una interpretación armónica del indicado artículo 23, en relación con el 146, ambos del Código Fiscal de la Federación, se advierte que el plazo de cinco años establecido en el último precepto citado constituye una limitante temporal para que la autoridad realice de oficio la compensación, pues una vez que se le ha determinado el crédito fiscal y éste ha quedado firme, el contribuyente tiene la certeza de que dicho adeudo puede compensarse en el indicado plazo.
Amparo directo en revisión 234/2011. Minera del Norte, S.A. de C.V. 25 de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro II, Noviembre de 2011 Página: 196 Tesis: 1a. CCXIV/2011 (9a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tratamiento de saldo a favor de IVA derivado de un pago de lo indebido

CONFORME AL ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO ES PROCEDENTE RESPECTO DEL PAGO DE LO INDEBIDO.- Como parte de la mecánica para el cálculo del impuesto al valor agregado, el artículo 6º de la ley que lo establece prevé la posibilidad de acreditar los saldos a favor que se originen en declaraciones anteriores, empero, el saldo a favor a que se refiere el numeral en comento es el que resulta de realizar el cálculo conforme a lo dispuesto en el artículo 5º-D de la ley relativa, así cuando en un mes las cantidades por las que proceda el acreditamiento sean mayores al “impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas en el mes”, se generará un saldo a favor que podrá ser acreditado en los meses siguientes. Por otra parte, los artículos 22, párrafo primero y 23, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación establecen que en los casos en que los contribuyentes realicen un pago de lo indebido, aquél podrá solicitar su devolución o realizar su compensación contra las cantidades que estén obligados a pagar, cumpliendo con las condiciones específicas de cada supuesto. Ahora bien, para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, es trascendente realizar la siguiente distinción: los saldos a favor de meses anteriores se pueden acreditar; en cambio, las cantidades que se originen por pago de lo indebido pueden ser solicitadas en devolución o compensadas. En conclusión, si el contribuyente -hoy demandante- presentó la declaración normal por concepto de impuesto al valor agregado del periodo de diciembre de dos mil siete, determinando y enterando como contribución a pagar la cantidad de $109,294.00 y posteriormente presentó una declaración complementaria por concepto de impuesto al valor agregado del periodo de diciembre de dos mil siete y determina un saldo a favor la cantidad de $1,354,811.00 e informando que con anterioridad había pagado la cantidad de $109,294.00, misma cantidad que no debió haber sido pagada al fisco, y con ello se originó por un pago de lo indebido, sin que constituya un saldo a favor de meses anteriores en términos del artículo 6º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1293/10-12-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Tapia Tovar.- Secretaria: Lic. María del Carmen Marcela Martínez Pérez.

Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Tercera Sala Regional de Oriente Publicación: No. 3 Octubre 2011. Página: 281 ACREDITAMIENTO.

La importancia del código postal en un comprobante

COMPROBANTES FISCALES. DEBE CONSIDERARSE SATISFECHO EL REQUISITO DE QUE CONTENGAN EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, AUN CUANDO SE OMITA SEÑALAR LA COLONIA, SI SE ANOTA EL CÓDIGO POSTAL CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción I, de su reglamento, vigentes en 2009, se advierten la obligación a cargo de los contribuyentes de expedir comprobantes por las actividades que realicen y los requisitos que éstos deben reunir, dentro de los cuales destaca el previsto en la fracción I del segundo de los indicados preceptos, relativo a que consignen el domicilio fiscal de aquéllos, sin que se especifique la forma en que debe plasmarse o los datos que debe contener. Consecuentemente, debe considerarse satisfecho dicho requisito, aun cuando en el comprobante se omita señalar la colonia, si se anota el código postal, que se integra por una serie de números que describen la ubicación geográfica de una localidad, incluyendo la colonia, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Códigos Postales del Servicio Postal Mexicano, pues tal circunstancia no obstaculiza el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la autoridad, al contener el señalado documento la información suficiente para localizar al contribuyente a fin de que cumpla con sus obligaciones tributarias.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 140/2011. Cigarros La Favorita, S.A. de C.V. 16 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Registro No. 161372
Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 1298 Tesis: I.4o.A.783 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

TESIS AISLADA IV/2011

ARRENDAMIENTO. FORMAS DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DEL ARRENDADOR DE OTORGAR EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 2428-E, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. El recibo de pago es el documento de autoría del acreedor que contiene los elementos necesarios del pago realizado por el deudor respecto de una obligación, por lo que constituye el medio idóneo para demostrar el pago.

Sin embargo, actualmente existen documentos que al cumplir con la misma función, también pueden considerarse “recibos” de pago, como la ficha de depósito bancario, los registros de transferencias bancaria realizadas por medios físicos o electrónicos y, en general, los documentos análogos que demuestren el pago. Por tanto, si el arrendatario puede tener acceso a cualquiera de los documentos indicados, cada vez que realiza el pago de una pensión rentística, debe considerarse, para efectos del artículo 2428-E, segundo párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, que el arrendador ha cumplido con la obligación de otorgar el recibo de pago respectivo, sobre todo cuando la generación del documento de que se trate proviene de un medio de pago pactado por las partes en el contrato respectivo.

Contradicción de tesis 123/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1° de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de diecinueve de enero de dos mil once.- México, Distrito Federal, veinte de enero de dos mil once.- Doy fe.

Protección a la información personal que viaja por internet

La Suprema Corte de Justicia estableció que los correos electrónicos interceptados u obtenidos sin autorización del usuario no pueden tener valor probatorio en un juicio, al revocar la sentencia que, en un juicio de divorcio, había admitido como prueba más de 300 correos electrónicos que demostraban la infidelidad del cónyuge demandado.
La Primera Sala de la Corte señaló que el derecho Constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser respetado no solo por autoridades, sino también por particulares, y abarca todas las formas de comunicación que permitan los avances tecnológicos.

Consulta la información que dio a conocer la SCJN aquí