Amparo en revisión en materia de la aplicación de la tasa del IVA en alimentos

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el amparo directo en revisión en materia de la aplicación de la tasa de IVA en alimentos de acuerdo con los siguientes antecedentes:
1. La empresa hoy recurrente se dedica a la comercialización de diversos productos que considera de naturaleza alimenticia.
2. El origen del presente asunto se remonta a que dicha empresa solicitó al Servicio de Administración Tributaria (en lo sucesivo “SAT”) la devolución de cierto saldo que estimaba a su favor, con motivo del impuesto al valor agregado correspondiente a varios meses del año 2010 y derivado de la aplicación del artículo 2-A, fracción I, inciso b) y apartado 2, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La autoridad fiscal negó la devolución porque consideró que a los productos que la empresa enajena no les es aplicable la tasa del 0% prevista en el precepto señalado sino la general del 16%, pues no obstante que se denominen “suplementos alimenticios” y aporten nutrientes al organismo, en realidad son polvos que al diluirse permiten obtener refrescos.

Proyecto de Amparo en revisión en materia de Contabilidad Electrónica y Buzón Tributario

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el proyecto de amparo en revisión que contempla:
1. La discusión, aprobación y expedición del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación’, publicado en el DOF (sic) el 9 de diciembre de 2013.
Del referido decreto se reclama como parte del nuevo sistema de registro y control de cumplimiento de obligaciones fiscales la reforma del artículo 28, fracciones I, primerpárrafo, II, III y IV, en relación con la fracción III del Artículo Segundo Transitorio.
2. De igual forma del referido decreto se impugna como parte del nuevo sistema de registro y control de cumplimiento de obligaciones fiscales la adición de la fracción IX del artículo 42 y el artículo 53-B de dicho Decreto.
3. De igual forma, del referido Decreto se impugna, al estar vinculado con la obligación de ingresar la información contable vía página de internet del SAT (sic) y con las revisiones electrónicas, la adición del artículo 17-K en relación con la fracción VII del Artículo Segundo Transitorio de dicho Decreto.

Cómo van los amparos en contra del envío de la contabilidad electrónica

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013.
El análisis del proceso legislativo que culminó con la reforma citada, permite establecer que es improcedente conceder la suspensión contra el acto de aplicación del artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, consistente en el deber impuesto a los contribuyentes de llevar en medios electrónicos los registros y asientos contables a los que se refieren las fracciones I y II del indicado precepto, en tanto que, de concederse, se afectarían de manera trascendental las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, al modificarse esencialmente la forma como se cumple con la obligación básica de llevar contabilidad y, con ello, el sistema en su conjunto, lo que ocasionaría perjuicio al interés social en mayor proporción al perjuicio que pudieran resentir los contribuyentes con su ejecución. Lo anterior, aunado a que dicha obligación forma parte del conjunto de medidas fijadas por el legislador para avanzar en la simplificación administrativa mediante el empleo de mecanismos electrónicos para, por una parte, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones y, por otra, agilizar los procesos de fiscalización, reduciendo sus plazos y costos de operación.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 334/2015. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. 9 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 364/2014, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 1748/2015.
Tesis de jurisprudencia 41/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de marzo de dos mil dieciséis.

Amparo en materia de deducciones personales

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Fernando Silva García, informó que en el juicio de amparo 957/2015, resolvió que la limitación a las deducciones personales es regresiva e inequitativa, en virtud de que, por una parte, se disminuye injustificadamente el nivel de tutela y promoción de los derechos fundamentales de carácter social que los individuos tenían para cubrir las necesidades primarias como la salud, vivienda y seguridad social y, por otra parte, se sacrifica en mayor medida a las personas físicas con menores ingresos.

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Tres preguntas que se deben contestar para poder ampararse

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO?
Una persona que válidamente plantee la impugnación constitucional de una ley en sede judicial debe hacerse tres preguntas para determinar si cuenta con interés legítimo para hacerlo: ¿Qué puede servir de parámetro de control constitucional? ¿Quién puede acudir a combatirla en sede de control judicial? y ¿Cuándo puede hacerlo? Las tres respuestas están en la Constitución. En primer lugar, el artículo 133 establece que la integridad de la Constitución es norma jurídica, la que se constituye en criterio de validez de todo acto de producción normativa, por lo que, por regla general, cualquier fragmento constitucional puede servir de parámetro de control. En segundo lugar, el artículo 103, fracción I, establece que puede acudir al juicio quien, al menos, acredite interés legítimo. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas. Las respuestas a cada una de las preguntas identificadas -el qué, el quién y el cuándo- tienen como común denominador la preocupación constitucional de delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. Luego, la determinación de no reconocer interés legítimo a la parte quejosa para impugnar una norma legal que no le afecta en el momento actual no constituye una restricción indebida al poder de control constitucional de las leyes, sino el cumplimiento al principio de división de poderes que ordena al poder judicial.

PRIMERA SALA
Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Época: Décima Época
Registro: 2009196
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 1a. CLXXXIII/2015 (10a.)

No procede decretar la suspensión en el juicio de amparo contra la obligación de presentar mensualmente la contabilidad

Jurisprudencia de Plenos de Circuito.
El 7 de noviembre de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publica en el Semanario Judicial de la Federación una
contradicción de tesis en la que resuelve que no procede decretar la suspensión en el juicio de amparo contra la obligación de presentar mensualmente la contabilidad.
La jurisprudencia de mérito se reproduce a continuación.
IUS: 2,007,865
Tesis: PC.I.A. J/31 A (10a.)
Página: 0
Época: Décima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h
Materia: Común
Sala: Plenos de Circuito
Tipo: CONTRADICCIÓN DE TESIS
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. No procede decretar la medida cautelar referida contra los efectos y consecuencias del precepto mencionado, al no colmarse el requisito previsto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de permitir a los contribuyentes que, aun de modo provisional, omitan enviar mensualmente su información contable a través de la página de Internet de la autoridad hacendaria, se contravendría el interés de la sociedad en que los procedimientos fiscales establecidos para revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se tramiten y concluyan con celeridad y eficacia, pues se obstaculizaría el ejercicio de la facultad de revisión regulada por el numeral 42, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, en atención a que la remisión electrónica de la contabilidad constituye la base necesaria para llevarla a cabo. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 25/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 29 de septiembre de 2014. Mayoría de once votos de los Magistrados Carlos Alfredo Soto y
Villaseñor, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, Ma. Gabriela Rolón Montaño, María Simona Ramos Ruvalcaba,

Amparo contabilidad electrónica

El Tribunal Colegiado de Circuito dio a conocer la siguiente jurisprudencia:
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA PARA QUE NO SE MATERIALICEN LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO Y 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. A I.2.8.8. DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014.

Atento al artículo 148, primer párrafo, de la Ley de Amparo, no se infiere daño alguno a la colectividad al conceder la suspensión provisional para que no se materialicen los efectos y consecuencias de los artículos 17-K, fracción II, segundo párrafo, 18, segundo párrafo y 28 del Código Fiscal de la Federación, adicionado el primero y reformados los restantes, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de las reglas I.2.8.6., I.2.8.7. y I.2.8.8. de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, difundida en el medio oficial señalado, el 4 de julio de 2014, a saber: para que el quejoso cumpla con sus obligaciones fiscales en la forma en que lo hacía antes de la entrada en vigor de dichas disposiciones, y hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas de lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, porque sólo se suspende la verificación de los procedimientos digitales para la comunicación entre las autoridades exactoras y el contribuyente (los cuales constituyen medios para facilitar a aquéllas el ejercicio de sus facultades), sin que con ello se exente a éste de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo cual deberá hacer en los términos referidos, aunado a que la suspensión tampoco conlleva restricción alguna para que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación por medio de cualquiera de las formas tradicionalmente utilizadas (revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión de estados financieros dictaminados por contador autorizado, entre otras).

Si solo tienes ingresos por intereses no renuncies a tu saldo a favor

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo por unanimidad de votos en favor de contribuyentes representados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), ya que consideró que el artículo 160, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, viola sus derechos constitucionales de proporcionalidad y equidad.

La Corte sostiene que el impuesto pagado por pequeños ahorradores que únicamente obtienen ingresos anuales por intereses inferiores a cien mil pesos, resulta desproporcional a su realidad económica, porque no toma en cuenta los efectos de la inflación ni les concede el beneficio de acreditar sus retenciones y efectuar deducciones autorizadas. También consideró que resulta inequitativo que aquéllos que obtienen al año, ingresos superiores a 100 mil pesos por concepto de intereses sí tengan derecho a los anteriores beneficios.

De esta manera, Prodecon convoca a todos aquellos que se sientan afectados en sus derechos como pagadores de impuestos a que acudan a sus oficinas centrales y delegaciones regionales. Coordinación de Comunicación Social
Teléfono 01 (55) 12 05 90 00 ext. 1141,1041 y 1145 manuel.arteaga@prodecon.gob.mx; carmen.gallardo@prodecon.gob.mx

Pero lo más importante: DI NO a la opción del artículo 1.16 del Decreto del 30 de marzo de 2012, que indica que las personas físicas que obtengan ingresos por intereses dentro del ejercicio fiscal de 2012, podrán optar por no acumular los intereses, siempre que consideren como pago definitivo el monto de la retención que les efectúen, ya que con ello renuncian expresamente al acreditamiento que, en su caso, resulte del impuesto sobre la renta que les hubieran retenido las personas que les hubieran hecho el pago de dichos intereses, y obviamente también renunciarían a recuperar el saldo a favor generado por esta acumulación.

Se considera que el IETU no viola el derecho al mínimo vital

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL SER COMPLEMENTARIA DE LA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al mínimo vital cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123; que en el marco relativo a la materia fiscal, aquél deriva de los principios de la dignidad humana y la solidaridad, en concordancia con los derechos esenciales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta; y que en su aspecto negativo impone, como límite a la potestad impositiva del Estado, que no puedan afectarse los recursos materiales necesarios para llevar una vida digna y decorosa, sin perjuicio de que se sigan observando los principios de equidad y proporcionalidad que rigen el sistema tributario. Ahora, tratándose del impuesto empresarial a tasa única que prevé una tasa fija, baja y con un mínimo de deducciones, nuestro Máximo Tribunal ha determinado que fue diseñado,
primordialmente, como un mecanismo de control del impuesto sobre la renta, el cual también ha determinado que prevé y respeta el derecho al mínimo vital, al imponer cargas impositivas con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado y en cuanto a la obtención de un salario mínimo; consecuentemente, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al ser complementaria de la del primer impuesto mencionado tratándose de personas físicas, también respeta el derecho en comento, puesto que jurídicamente no es válido considerarla como un ordenamiento aislado que establece un tributo autónomo y desvinculado del que controla.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.

Amparo en revisión 674/2011. 21 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Disidente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. Secretaria: Jessica Ariana Torres Chávez.

Amparo en revisión 236/2011. Irma Lilia Covarrubias Navarro. 31 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Disidente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. Secretario: Luis Benítez Alcántara.

Registro No. 2000225 Localización:Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012 Página: 2283 Tesis: I.3o.(I Región) 1 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa